El regreso del fin de semana dejó una escena común en muchos hogares: hijas, nietos o sobrinas ayudando a personas mayores a ingresar a plataformas, recuperar la Clave Única o completar los pasos necesarios para acceder al bono del gas. Para muchas de ellas y ellos, entender qué es un enlace, cómo abrirlo, avanzar en una página o recuperar una contraseña sigue siendo un desafío cotidiano.
Dejando por un momento otras discusiones importantes sobre el beneficio en sí —como la permanente bonificación a la pobreza o la canalización de esta ayuda específicamente a través del mercado del gas licuado y de los tres grandes distribuidores del país—, hay otra cuestión que merece atención: las barreras digitales que vuelven inaccesibles políticas públicas que, en teoría, buscan ayudar precisamente a quienes más lo necesitan.
Concediendo la buena intención de esta política pública, sigue siendo relevante preguntarse si realmente se conoce al universo de personas destinatarias y las dificultades concretas que muchas enfrentan para acceder a este tipo de beneficios. La pandemia ya mostró con crudeza esta fractura. Mientras servicios, trámites y prestaciones sociales migran aceleradamente a plataformas digitales, muchas personas mayores siguen dependiendo de hijas, sobrinas, vecinas o, con suerte, funcionarias (sobre el 85% de los cuidados en Chile lo realizan mujeres) municipales para acceder a lo necesario. En ocasiones, esto genera temor, frustración y vergüenza ante una institucionalidad que muchas veces opera sin empatía ni paciencia.
Pero esta distancia digital no es solo una brecha entre personas jóvenes y mayores. También es una brecha económica, territorial y de género, entre otras desigualdades que se entrecruzan a lo largo del Chile centralizado.
En Chile, los datos sobre brecha digital y personas mayores muestran que la tenencia de un celular no equivale necesariamente a inclusión digital. Un reporte del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo señala que el 89% de las personas mayores declara tener celular, pero solo el 51% posee un smartphone, y que, del 88% de hogares con personas mayores que cuentan con acceso a internet, solo un 41% lo utiliza efectivamente. Incluso antes de hablar de Clave Única, aplicaciones bancarias o plataformas estatales, ya existe una diferencia material en las condiciones de acceso. El mismo informe agrega que el 53% de las personas sin acceso a internet son mujeres.
Las mujeres mayores, además, no han envejecido en igualdad de condiciones. Muchas han sostenido durante décadas trabajos domésticos, de cuidado y labores históricamente invisibilizadas, con menor acceso a ingresos propios, educación formal, autonomía económica y espacios de formación tecnológica. Diversos estudios sobre envejecimiento femenino han mostrado cómo las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida terminan profundizando la dependencia y la exclusión en la vejez, especialmente en contextos marcados por una cultura patriarcal que invisibiliza tanto el trabajo productivo como reproductivo de las mujeres mayores.
Desde esta mirada, resulta importante entender que “disponible” no significa necesariamente “accesible”. Un beneficio no es realmente universal si para obtenerlo se requiere conexión estable, un dispositivo adecuado, Clave Única, cuenta bancaria activa, correo electrónico, dominio básico de plataformas digitales y confianza para desenvolverse dentro de una institucionalidad completamente digitalizada.
A esto se suma la velocidad propia de la cultura de la inmediatez que caracteriza a la actual sociedad digital. Para muchas personas mayores, la presión de responder rápido, no equivocarse o realizar correctamente una transferencia electrónica puede provocar ansiedad, frustración y miedo, especialmente cuando cualquier error parece implicar la posibilidad de perder dinero o desconfigurar un teléfono. La marginación tecnológica termina así profundizando formas de aislamiento social ya existentes.
El Estado no puede asumir que digitalizar equivale automáticamente a democratizar. Si bien la digitalización puede facilitar la vida de muchas personas, también puede transformarse en una nueva forma de exclusión cuando reemplaza la presencialidad, el acompañamiento y la claridad comunicacional.
En este sentido, abordar la brecha digital constituye una responsabilidad social urgente, estrechamente vinculada con la posibilidad de fortalecer las democracias cotidianas. Porque la democracia no se expresa únicamente en el sufragio ni en una definición abstracta de modelo de gobierno, sino también en las formas concretas en que las personas habitan, participan y se relacionan en su vida diaria.
El bono del gas puede ser visto como mucho más que un bono o que gas. Puede ser una oportunidad para discutir cómo se diseñan las políticas públicas, qué tipo de ciudadanía presuponen y quiénes quedan fuera cuando el acceso depende de habilidades, recursos y herramientas desigualmente distribuidas. Porque, finalmente, disponible no significa accesible.
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