Cuando una familia comienza a notar que el desarrollo de su hijo o hija es diferente, suele iniciar un largo camino de incertidumbre. En Chile, las primeras preocupaciones aparecen, en promedio, a los 29 meses de vida, pero el diagnóstico formal de una condición neurodivergente recién llega cerca de los 59 meses. Esa espera de casi dos años y medio representa una pérdida invaluable de tiempo para brindar apoyos oportunos en la etapa de mayor plasticidad cerebral.
No se trata solo de obtener un diagnóstico. Lo verdaderamente importante es reconocer las señales tempranas del neurodesarrollo para acompañar a las familias desde el primer momento. Esperar una confirmación diagnóstica para actuar significa desaprovechar oportunidades que favorecen el desarrollo del niño o niña y aumentan el estrés familiar, además de incrementar el riesgo de dificultades emocionales y de exclusión educativa.
Las cifras demuestran que esta realidad afecta a miles de personas. Se estima que más del 20% de la población presenta alguna condición asociada a las neurodivergencias y, en el caso del autismo, estudios realizados en Chile indican una prevalencia cercana a uno de cada 51 niños y niñas. Sin embargo, la detección temprana continúa siendo una deuda del sistema.
La implementación de la Ley de Autismo constituye un avance importante, pero requiere fortalecerse mediante la capacitación permanente de los equipos de salud y educación para identificar oportunamente las variaciones en las trayectorias del desarrollo. Visibilizar la neurodivergencia desde la primera infancia no busca normalizar a los niños, sino comprender sus necesidades, apoyar a sus familias y garantizar trayectorias educativas verdaderamente inclusivas.
Invertir en la primera infancia no solo responde a un compromiso ético con los derechos de niños y niñas; también representa una de las políticas públicas más efectivas para construir una sociedad más equitativa, inclusiva y respetuosa de la diversidad humana.
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