La ocupación del borde costero en Chile es un tema de relevancia que merece atención y debate. La modificación de 1998 a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (D.S. Nº47, MINVU) plantea interrogantes sobre la propiedad y el uso de estas áreas vitales para nuestra biodiversidad y economía.
El borde costero no es sólo un espacio geográfico; es un ecosistema crítico que alberga una gran diversidad de vida marina y que juega un papel esencial en actividades económicas fundamentales, como la pesca y el turismo. Sin embargo, el crecimiento urbano está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre estas zonas. En ciudades costeras como Valparaíso y Viña del Mar, la ocupación intensiva ha generado tensiones entre el desarrollo urbano y la necesidad de preservar nuestro entorno natural.
El impacto ambiental de esta ocupación es significativo. La construcción de infraestructuras y viviendas en el borde costero puede provocar la degradación de ecosistemas, erosión y pérdida de biodiversidad. Además, esta lucha por el espacio costero resalta cómo la normativa existente, aunque necesaria, muchas veces enfrenta desafíos en su implementación efectiva.
Existen también conflictos sociales que deben ser considerados. La ocupación del borde costero genera tensiones entre desarrolladores, comunidades locales y organizaciones que abogan por la conservación. Estos conflictos son un llamado a establecer un diálogo constructivo que incluya a todos los actores involucrados y que permita llegar a consensos que beneficien a la comunidad y al medio ambiente.
Por último, el contexto del cambio climático añade otra capa de complejidad a la ocupación del borde costero. Las ciudades deben prepararse para los efectos del aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos, lo que requiere una planificación cuidadosa para proteger nuestras costas y comunidades.
En conclusión, el borde costero de Chile es un bien común que debemos proteger y gestionar de manera responsable. La propiedad y uso de estas áreas deben ser objeto de un análisis profundo y colectivo, recordando que nuestra riqueza natural no solo pertenece a un grupo selecto, sino a todos los chilenos. Urge un enfoque que promueva la sostenibilidad y que garantice la conservación de estos valiosos espacios para las futuras generaciones.
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