La justicia es un valor inherente a toda sociedad humana, no es ningún secreto que el acceso a la justicia implica un desafío para el Estado. Quienes tienen los recursos pueden pagar una asesoría legal, sin embargo, existen otros ciudadanos que carecen de los recursos financieros para contratar asesoría legal.
En ese contexto surgió la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) que es un organismo público creado a la través de la ley 17.995 en el año 1980, y que brinda asesoría y representación legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad económica, promoviendo el acceso equitativo a la justicia. En la actualidad, existen cuatro CAJ autónomas con competencia territorial en distintas regiones del país, a saber:R03;
- CAJ de Tarapacá: Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
- CAJ de Valparaíso: Regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.
- CAJ Metropolitana: Regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Magallanes.
- CAJ del Biobío: Regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.
Los servicios que ofrece la CAJ en su afán permitir el acceso a la justicia son fundamentalmente, los siguientes.
- Atención a víctimas de delitos violentos.
- Defensa especializada para niños, niñas y adolescentes.
- Asistencia jurídica para personas mayores y en situación de discapacidad.
- Mediación y solución colaborativa de conflictos.
- Oficinas móviles para atender en comunas y localidades más aisladas.
- Defensa laborales en juicios de baja cuantía.
- Defensa en juicios de familia en materias como pensión de alimentos, relación directa y regular, divorcios, medidas de protección etc.
A nivel regional la CAJ de Valparaíso atendió a más de 196.000 mil personas en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. De estas atenciones, el 77% correspondió a materias de familia. Además, se presentaron 45.825 causas judiciales, un 43% más que el período anterior en los mismo Centros Jurídicos y un 26% más en las Oficinas de Defensa Laboral. A nivel nacional, en 2021, las CAJ atendieron más de 695.500 consultas en todo el territorio.
La Constitución Política, esa que algunos querían cambiar por ilegitima de origen, establece en su artículo 19 Nº 3 “Garantiza la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el acceso a la justicia para todas las personas, como se aprecia el papel aguanta todo, puesto que, si bien el derecho existe, lo que no hay es una real voluntad política para crear un servicio de acceso a la justicia que se encuentre en sintonía con la dignidad de humana.
Basta recorrer algunos centros para observar que su sistema computacional es deficiente, carecen de guardias de seguridad, existen exigencias abundantes para los abogados quienes deben llenar largas estadísticas que no se traducen en ninguna utilidad, falta de papel higiénico, es decir, un desastre.
Este gobierno que prometía un Estado cercano no ha generado la política pública necesaria para que los ciudadanos de Aconcagua puedan acceder a una cuestión tan elemental como el acceso a la justicia.
El fenómeno de la falta de acceso a la justicia lleva en los hechos casi 30 días en la ciudad de Los Andes y las autoridades del gobierno central a través de la delegación presidencial, simplemente miran para el techo porque no tienen facultades y tampoco tienen los recurso financieros para hacerse cargo, es decir, son instituciones completamente prescindibles como lo dijo el propio presidente cuando era diputado.
Sin embargo, existe un ente que guarda silencio y a diferencia de la delegación sí tiene obligación legal y sí tiene patrimonio, la municipalidad de Los Andes tiene la obligación de proporcionar ayuda jurídica a sus vecinos como municipio minero ha recibido una importante cantidad extra de recursos financiero que le permitían hacer frente a este grave problema. En efecto el artículo 4 de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades se indica que “Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: c) La asistencia social y jurídica.” Seria interesante que los ciudadanos recurrieran a los diputados de la zona, que dicen representar a la comunidad en sus necesidades y a los alcaldes, para que resuelvan este problema a la brevedad.
Resulta francamente indignante que los ciudadanos lleven casi un mes sin acceso a la justicia y las autoridades no se hagan cargo, es decir, para ellos el problema no existe. Las oficinas de la CAJ en San Felipe y Los Andes, así como a nivel nacional, están paralizaciones por demandas de mejoras laborales y condiciones de trabajo por parte de los funcionarios. Mientras tanto, las autoridades incumplen sus promesas de campaña.
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