El Gobierno ha destacado la creación de algo más de 700 mil empleos en cuatro años y celebra la reducción del desempleo desde 8,4 % a 8 %. El dato, aislado, puede parecer alentador. Sin embargo, una mirada rigurosa obliga a poner estas cifras en contexto. El último censo presentó una omisión superior al 7 %, equivalente a cerca de 1,4 millones de personas no contabilizadas, la mayor brecha de la historia censal. Ignorar este antecedente debilita cualquier lectura triunfalista del mercado laboral.
Más preocupante aún es la persistencia de un desempleo superior al 8 % por más de tres años consecutivos. Detrás de esa cifra hay más de 900 mil personas que llevan largo tiempo buscando trabajo, sin que la política pública logre hacerse cargo de esa realidad. La combinación de regulaciones mal calibradas -como la Ley de 40 horas- y una creciente judicialización de las relaciones laborales, lejos de incentivar la contratación, ha elevado la cautela empresarial y profundizado la informalidad.
Este patrón se repite en la minería. El royalty minero, concebido originalmente como un mecanismo para promover innovación y desarrollo tecnológico, hoy se presenta como un logro recaudatorio. Si bien ha fortalecido los ingresos fiscales, su implementación ha coincidido con un estancamiento productivo cercano a los 5,5 millones de toneladas de cobre fino anuales. La paradoja es evidente: precios históricamente altos y una producción que no despega. La minería privada sostiene buena parte del volumen, mientras las empresas estatales siguen atrapadas en una pesada carga administrativa y presupuestaria.
El momento es especialmente delicado porque, por primera vez, Chile enfrenta un ciclo de precios récord no solo en cobre, sino también en subproductos estratégicos como molibdeno, renio, cobalto, tierras raras y otros minerales clave para la transición energética, la defensa y la tecnología avanzada. No aprovechar este escenario es, simplemente, una falta de visión de largo plazo, donde ya hay metales como oro y plata que esta semana acumularon caídas de 15 y 30 % respectivamente en respuestas a políticas internacionales.
La oportunidad, sin embargo, sigue abierta. Para capitalizar se requieren señales claras: certidumbre jurídica, invariabilidad tributaria efectiva, incentivos reales a la exploración, adopción tecnológica y apertura a nuevos modelos de desarrollo, desde la minería subterránea avanzada hasta proyectos binacionales y nuevas fronteras extractivas.
Chile no necesita más control ni autocomplacencia estadística. Necesita crecimiento, inversión y confianza en que los permisos y la normativa es vinculante y resolutoria. Con un promedio de expansión de apenas 1,7 % en cuatro años y un 2025 que nuevamente no alcanzó el 2,5 % comprometido, el estancamiento ya no es coyuntural, es estructural. Reconocerlo no es pesimismo: es el primer paso para revertirlo y devolver esperanza a casi un millón de desempleados que hoy miran el futuro con legítimo desánimo.
Hoy, Chile aún está a tiempo de salir de la trampa del bajo crecimiento. Las condiciones objetivas para recuperar el dinamismo productivo existen y son evidentes. El desafío no es ambiental, sino de enfoque: proteger no puede seguir siendo sinónimo de inmovilizar.
Con la minería como pilar estructural del desarrollo, y con nuestra vocación oceánica como plataforma natural de integración al mundo, el país puede quebrar el paradigma del estancamiento. Una cartera de proyectos mineros que supera los US$104 mil millones para la próxima década -que cualquier economía del mundo envidiaría- junto a una red de profesionales, innovación y proveedores de estándar internacional, constituye una base sólida y real. Convertir ese potencial en crecimiento, empleo y bienestar no es una utopía: es una decisión.
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