El costo asociado a los retrasos en la tramitación de permisos de inversión superó los US$ 4.700 millones, el 2025. Equivalente a cerca de 1,5% del PIB, lo cual no equivale sólo multas ni a sobrecostos operacionales. También hablamos de capital inmovilizado, recursos que permanecen “congelados” durante la etapa preoperacional de los proyectos, sin generar empleo, encadenamientos productivos ni crecimiento regional, afectando también a la recaudación y la capacidad de generar bienestar que puedan tener los gobiernos regionales y los privados.
Al mismo tiempo, el 1 de febrero de 2026 comenzó a operar oficialmente el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), consolidando una reforma institucional ambiental iniciada en 2010 y centralizando competencias que antes estaban dispersas. Su objetivo es claro: fortalecer la conservación de la biodiversidad, administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y profesionalizar la fiscalización y el cumplimiento en esta materia.
Dos noticias distintas. Un mismo desafío.
Chile no está desregulando. Está sofisticando su institucionalidad ambiental. Y eso es una buena noticia. Sin embargo, el desafío no se limita a crear nuevas instituciones, sino a asegurar que funcionen con eficiencia, coordinación y reglas claras.
Los datos muestran que si bien ha habido ciertas mejoras en los tiempos de evaluación ambiental, el mayor peso del costo asociado a la “permisología” se concentra en la etapa sectorial, que representa más del 60% del total estimado. Es precisamente en esa fase donde intervienen múltiples organismos, donde se producen mayores grados de discrecionalidad y donde se generan espacios de incertidumbre para los titulares de proyectos.
La entrada en operación del SBAP incide directamente en esa etapa. Nuevos reglamentos de compensaciones en biodiversidad, clasificación de ecosistemas amenazados, certificaciones, planes de recuperación y sistemas de fiscalización especializada forman parte de un marco normativo que, bien implementado, puede elevar los estándares ambientales del país y otorgar mayor certeza técnica. Pero también existe un riesgo: que la transición institucional, la dictación pendiente de reglamentos y la curva de aprendizaje operativa generen nuevas demoras o superposiciones de criterios.
La experiencia comparada muestra que no son las exigencias ambientales las que ahuyentan la inversión, sino la incertidumbre respecto de cómo se aplican y cuánto tiempo toman. El inversionista puede aceptar estándares rigurosos, pero no puede gestionar es la imprevisibilidad.
Aquí es donde se juega el verdadero equilibrio. Biodiversidad e inversión no son objetivos contrapuestos. La minería, la energía, el hidrógeno verde y los sistemas de transmisión eléctrica requieren altos estándares ambientales para sostener su legitimidad social y su viabilidad de largo plazo. Pero también necesitan procesos institucionales modernos, coordinados y medibles.
La creación del SBAP abre una oportunidad concreta para mejorar esa coordinación. Si se articula tempranamente con el Servicio de Evaluación Ambiental y con los demás organismos sectoriales; si se establecen metas públicas de tiempos de respuesta; si se digitalizan y trazan los criterios técnicos; si se reduce la duplicidad de informes y se clarifican estándares desde el inicio, la nueva institucionalidad puede transformarse en una ventaja competitiva.
En cambio, si cada nueva exigencia se suma sin integración operativa, el país corre el riesgo de perpetuar un modelo donde los proyectos obtienen aprobación formal, pero demoran años en iniciar construcción.
Chile compite por inversión con jurisdicciones que ofrecen certeza jurídica, coordinación interinstitucional y tiempos previsibles. La discusión no es ideológica. No se trata de elegir entre desarrollo o biodiversidad, se trata de calidad del Estado.
El próximo ciclo político heredará una institucionalidad ambiental más robusta, pero también una economía que necesita recuperar dinamismo. El desafío no será retroceder en estándares, sino acelerar la eficiencia de su implementación.
Porque cada día de atraso no es solo un trámite más. Es empleo que no se crea, proveedores que no se activan y regiones que postergan oportunidades.
La competitividad del país no se juega entre protección y crecimiento. Se juega en la capacidad de hacer ambas cosas bien.
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