Uno de los desafíos más complejos que enfrentan los gobiernos al asumir es la transición entre el momento electoral y el momento de gobernar. Durante la campaña predominan los relatos movilizadores, las promesas de acción rápida y la simplificación de los problemas públicos. Gobernar, en cambio, supone moverse dentro de los ritmos, contrapesos y límites de la institucionalidad democrática.
El presidente José Antonio Kast ha buscado instalar desde el primer día el relato de un “gobierno de emergencia”. En su primer discurso desde el balcón de La Moneda planteó que el país enfrenta múltiples urgencias —en seguridad, economía y funcionamiento del Estado— que exigirían decisiones rápidas y una conducción con carácter. Esa narrativa busca fijar el diagnóstico del país que recibe y justificar un estilo de gobierno orientado a la acción inmediata.
En esa lógica se inscribe el anuncio de seis decretos firmados apenas iniciado el mandato. Estas medidas apelan a la potestad reglamentaria del Ejecutivo, una herramienta que permite dictar normas administrativas para agilizar la gestión pública. Desde el punto de vista político, el objetivo es claro: mostrar acción desde el primer día y dar coherencia al relato de urgencia que acompañó la campaña.
Sin embargo, este fast track administrativo tiene límites institucionales evidentes. La potestad reglamentaria puede facilitar la implementación de políticas o simplificar procedimientos, pero no sustituye el proceso legislativo. Muchas de las reformas estructurales que el propio gobierno ha planteado inevitablemente requerirán leyes y acuerdos políticos en el Congreso.
Por ello, el verdadero desafío del nuevo gobierno será administrar la tensión entre la emergencia y la gobernabilidad. Instalar señales de acción rápida puede ser eficaz para marcar el inicio del mandato, pero la prueba decisiva estará en la capacidad de construir mayorías, tramitar políticas públicas y traducir las promesas de urgencia en resultados sostenibles.
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