La discusión sobre técnicas de reproducción asistida para contribuir a revertir la caída de la natalidad en Chile abre una oportunidad relevante, pero también exige una mirada más amplia. Reducir este debate únicamente a cifras demográficas invisibiliza una dimensión fundamental, como lo es el derecho de las personas a decidir libre e informadamente si desean tener hijos, cuándo y en qué condiciones hacerlo.
La infertilidad es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad del sistema reproductivo y afecta aproximadamente al 15% de la población en edad fértil. En este contexto, el acceso oportuno a diagnóstico, tratamiento y acompañamiento integral constituye una expresión concreta de los derechos sexuales y reproductivos.
Chile cuenta con programas de fertilización asistida de baja y alta complejidad financiados por FONASA. Sin embargo, la cobertura efectiva continúa siendo insuficiente y desigual. Aunque las prestaciones han aumentado en los últimos años, persisten listas de espera prolongadas, una distribución territorial limitada y barreras económicas y administrativas que dificultan el acceso oportuno, especialmente para quienes residen fuera de la Región Metropolitana.
A ello se suma una transformación social evidente, cada vez más personas postergan la maternidad y la paternidad debido a proyectos educativos, laborales, incertidumbre económica y dificultades para conciliar la vida familiar con el desarrollo profesional. La creciente demanda por la preservación de la fertilidad es reflejo de estos cambios y evidencia la necesidad de fortalecer la educación reproductiva a lo largo del curso de vida.
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