La grave agresión ocurrida en un establecimiento educacional de La Granja, que involucró a una niña de segundo básico y a una estudiante de octavo, inevitablemente genera conmoción. Con antecedentes aún preliminares, sería irresponsable intentar explicar sus motivaciones o reducir lo ocurrido simplemente a "violencia escolar". Ambas son niñas y, desde esa condición, requieren protección.
Pero el caso obliga a una pregunta más amplia: ¿estamos llegando a tiempo frente a las distintas manifestaciones de violencia y malestar que viven niños, niñas y adolescentes?
El diagnóstico sobre la Situación de Derechos de la Niñez y Adolescencia 2026 de la Defensoría de la Niñez advierte un aumento de al menos 137% en los egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas y más de 41 mil niños, niñas y adolescentes en lista de espera para programas de protección especializada. Sin establecer una relación causal con este caso, las cifras muestran un escenario que exige fortalecer nuestra capacidad de detectar tempranamente situaciones de sufrimiento, vulneración y riesgo.
Chile ha avanzado con la Ley 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que incorpora prevención, desarrollo socioemocional, salud mental, mediación y resolución pacífica de conflictos. El desafío es que este avance no se traduzca solo en nuevos protocolos que se activan cuando la violencia a ocurrió.
Actualmente los espacios educativos cuentan con equipos de convivencia, reglamentos, protocolos y redes intersectoriales, pero no pueden enfrentar solos fenómenos que atraviesan también a las familias, las comunidades, las redes sociales, el sistema de salud y la protección de la infancia. Gestionar la convivencia requiere respuestas oportunas frente a la violencia, pero también observación cotidiana, escucha y una articulación efectiva entre educación, salud y protección social o sea un tiempo real y de calidad.
Los cambios en la participación, las relaciones con pares, las rutinas o las formas de desenvolverse en los espacios cotidianos pueden entregar señales relevantes sobre el bienestar de niños y adolescentes. Detectarlas no significa diagnosticar ni estigmatizar, sino reconocer que algo puede estar ocurriendo y contar con adultos y sistemas preparados para responder.
Después de un hecho como este habrá legítimas preguntas sobre seguridad y responsabilidades. Pero una política pública efectiva no puede comenzar cuando ocurre una agresión. Su verdadero desafío es llegar antes.
|
.jpg)
.jpg)
