En agosto se conmemora un hecho que marca un hito en la inclusión, interculturalidad y diversidad, esta vez vinculado a las costumbres fúnebres. Se trata de la Ley de Cementerios Laicos, que no estuvo exenta de polémicas, pero que hoy representa un magno ejemplo de progreso social, tolerancia religiosa y mejoras en la salubridad y calidad de vida de la población.
Esto trae consigo un efecto sobre el que resulta relevante meditar: la secularización de la muerte, que representa un quiebre jurídico y sanitario de proporciones notables.
En el pasado colonial, el espacio post mortem estaba regido por el Derecho Canónico, que confinaba los entierros a templos católicos. Los "disidentes" —no católicos— carecían de amparo legal, por lo que sus restos eran desechados en el mar, cerros o basurales, generando condiciones de insalubridad que afectaban especialmente a infantes y ancianos.
El primer hito de higiene público ocurrió en la época colonial con el bando de Ambrosio O'Higgins de 1793, que prohibió los entierros intramuros, eliminó gastos excesivos y prohibió la presencia de las populares "lloronas" en velorios y funerales. Sanitariamente, buscó combatir el aire "malsano" de los templos, donde la población sufría las consecuencias de la descomposición cadavérica. Esta lógica impulsó el Decreto del Senado de 1819 y la apertura del Cementerio General de Santiago en 1821, bajo Bernardo O'Higgins.
La tensión aumentó con la Ley de 1844 sobre aranceles de inhumación, debilitando las rentas parroquiales. Aunque la Ley Interpretativa de 1865 permitió el culto privado, la segregación continuó. El Decreto de 1871 obligó a sepultar a los disidentes en cementerios públicos mediante separación física, dando origen al Cementerio Lego de Caldera en 1876 y a camposantos disidentes en Concepción, Talcahuano y Lota.
Así nació la Ley de Cementerios Laicos, el 2 de agosto de 1883. Su artículo único prohibió denegar sepultura por motivos de credo en camposantos públicos. Pese a la fuerte reacción de la Iglesia, este conflicto pavimentó el camino hacia las normativas de Registro Matrimonio Civil en 1884 y la separación entre Iglesia y Estado en 1925. Hoy, la, llamada Ley de Culto, consagra el derecho fundamental a una sepultura digna y sin discriminación, demostrando que las políticas públicas en torno a la muerte son parte integral de una sociedad sana, física y espiritualmente.
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