La violencia en las comunidades educativas es un problema real que afecta directamente el aprendizaje. Las denuncias por maltrato contra adultos aumentaron 58% entre 2023 y 2025 y el año pasado se registraron 893 delitos por porte de armas en colegios. Las escuelas necesitan reglas claras y herramientas para actuar antes de que una situación escale.
La Ley Escuelas Protegidas responde a esa urgencia y abre una discusión necesaria sobre autoridad, límites y cuidado. Porque los límites también protegen, las niñas y niños requieren marcos consistentes para sentirse seguros y aprender a convivir.
Pero debemos evitar que la búsqueda de seguridad convierta la escuela en un lugar organizado desde la sospecha. La revisión de mochilas, que la ley permite incorporar voluntariamente bajo protocolos, puede ser una medida excepcional, no el símbolo principal de una convivencia segura. Un colegio no es un aeropuerto y sus estudiantes no son pasajeros bajo control: son personas en desarrollo que necesitan orientación, escucha y cuidado.
La convivencia tampoco se instala solo mediante protocolos. Se aprende al resolver un conflicto, poner un límite y reparar un daño. Ese aprendizaje comienza antes de entrar a la sala de clases. Cuando una familia conversa, juega, lee y acompaña, entrega herramientas para reconocer emociones, relacionarse y pedir ayuda.
La escuela es insustituible, pero no puede asumir sola esta tarea. Familias, Estado y organizaciones sociales debemos trabajar de manera articulada. La protección más completa combina reglas claras con vínculos fuertes, porque la seguridad que perdura no se encuentra al revisar una mochila: se construye desde los primeros años con presencia, confianza y cuidado.
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