La reforma al sistema político despachada por el Congreso interviene principalmente las condiciones de entrada y funcionamiento de los partidos. Eleva sus exigencias de implantación territorial y afiliación, modifica las reglas para candidaturas independientes y fortalece institucionalmente a las organizaciones partidarias. Es una intervención sobre la estructura de la oferta política, pero bastante menos sobre la forma en que esa oferta se relaciona con los ciudadanos.
Conviene precisar qué problema estamos resolviendo. La fragmentación partidaria es una crisis de funcionamiento de la política; la distancia entre ciudadanos, partidos e instituciones es una crisis de representación. Ambas se relacionan, pero no son lo mismo.
Podemos tener un Congreso más ordenado y seguir teniendo ciudadanos que no se sienten representados por quienes toman las decisiones. Incluso existe un riesgo, que al fortalecer las organizaciones partidarias sin reconstruir simultáneamente su conexión social terminemos con partidos más fuertes hacia dentro, pero igualmente débiles hacia fuera.
Por eso el verdadero efecto de la reforma no debería medirse solamente contando cuántos partidos sobreviven o si disminuye la dispersión parlamentaria. La prueba será otra, si ese mayor orden permite producir acuerdos, procesar conflictos y ofrecer mejores respuestas a problemas que las personas reconocen como propios.
Las reglas electorales pueden mejorar la gobernabilidad, pero no fabrican representación. Esta se construye cuando la ciudadanía vuelve a encontrar alguna relación entre sus problemas cotidianos y aquello que ocurre en las instituciones políticas. La reforma puede ordenar el tablero. El desafío pendiente es conseguir que quienes están fuera de él vuelvan a encontrar razones para mirarlo.
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