Con la llegada de la primavera aumenta la actividad agrícola y, en consecuencia, la exposición de los trabajadores del rubro a riesgos laborales que muchas veces son subestimados.
En este periodo resulta fundamental reforzar las medidas de prevención y vigilancia frente al mayor uso de plaguicidas, no solo durante el proceso de aplicación, sino también en la preparación de mezclas y en el reingreso a los predios fumigados. Raleadores, podadores y personal de amarre a menudo vuelven a sus funciones antes de que se cumpla el período de reingreso seguro. En invernaderos, además, la baja ventilación favorece la concentración de vapores. Esto hace indispensable que supervisores y trabajadores sepan reconocer señales como dolor de cabeza, mareos, sudoración excesiva, visión borrosa, aumento de salivación y lagrimeo, calambres abdominales y debilidad muscular. La aparición de dos o más de estos síntomas de forma simultánea, especialmente si combinan signos generales (cefalea o mareos) con signos característicos de exposición a plaguicidas (salivación excesiva, visión borrosa, calambres), debe interpretarse como una señal de sospecha suficiente para retirar de inmediato a la persona de la faena y trasladarla a un centro asistencial, sin esperar a que el cuadro progrese.
Según el más reciente Boletín de Empleo de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, más de 566 mil personas se desempeñan en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en Chile; no obstante, su nivel de protección en salud ocupacional sigue siendo desigual. El protocolo de vigilancia de trabajadores expuestos a plaguicidas exige, por ejemplo, seguimiento de colinesterasa en sangre. Las grandes exportadoras suelen tener sistemas preventivos consolidados, mientras persisten brechas entre pequeños y medianos productores y, especialmente, en contratistas que emplean personal temporal. Casi la mitad de los asalariados del sector tiene contratos temporales y la informalidad alcanza al 42,8%. A menor estabilidad laboral, menor continuidad en la vigilancia de salud. Quien cambia varias veces de empleador durante una temporada difícilmente mantiene un seguimiento capaz de detectar una exposición acumulativa. La informalidad, además, deja a muchos trabajadores fuera del seguro social obligatorio y de la fiscalización, favoreciendo el subregistro y dificultando dimensionar la magnitud real del problema.
Maule, O’Higgins, La Araucanía, Valparaíso y la Región Metropolitana concentran más de la mitad de esta fuerza laboral. Allí debieran reforzarse las franjas de resguardo, la fiscalización de contratistas, y la notificación anticipada a comunidades y establecimientos educacionales cercanos a los predios, antes de realizar aplicaciones aéreas. Existe otro riesgo: El aumento del contacto con abejas, avispas y otros insectos entre jardineros, trabajadores agrícolas, forestales y personal de parques. La mayoría de las faenas rurales no cuenta con protocolos para responder ante la anafilaxia, una reacción alérgica grave que puede evolucionar en minutos y resultar fatal si no se trata a tiempo. Tres medidas simples pueden marcar una diferencia vital: identificar previamente a los trabajadores con antecedentes de alergia a picaduras, contar con adrenalina autoinyectable en el botiquín de faena y establecer un protocolo de evacuación con tiempos de traslado conocidos hacia el centro asistencial más cercano.
Proteger a quienes producen nuestros alimentos requiere fiscalización efectiva, capacitación oportuna y protocolos de respuesta que lleguen hasta el último predio, por alejado que esté. La salud ocupacional en el campo chileno no es un tema de temporada, sino deuda pendiente que la primavera vuelve a poner en evidencia.
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