El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que, durante el primer semestre de 2026, logró evitar el uso indebido de créditos fiscales por $32 mil millones mediante la restricción de emisión de facturas a contribuyentes que presentan comportamientos tributarios agresivos.
La cifra es importante, pero quizás lo más relevante sea comprender qué existe detrás de estas operaciones y cómo pueden afectar a quienes desarrollan sus actividades económicas correctamente.
En términos sencillos, una factura falsa puede utilizarse para respaldar una compra o un servicio que nunca existió. De esta manera, algunas empresas buscan disminuir artificialmente los impuestos que deben pagar, aprovechando beneficios tributarios que no les corresponden.
Durante el mismo período, el SII detectó 6.704 nuevos emisores asociados a este tipo de comportamiento y 28.730 receptores de facturas falsas. Estas cifras reflejan la magnitud del desafío que enfrenta la administración tributaria.
Sin embargo, el perjuicio no se limita a los recursos que deja de recibir el Estado.
Pensemos en una pequeña empresa que cumple mensualmente con sus declaraciones, paga sus impuestos y mantiene sus documentos tributarios en orden. Cuando otros realizan operaciones ficticias para obtener ventajas económicas indebidas, se generan condiciones de competencia desiguales frente a quienes sí cumplen con sus obligaciones.
También existe un efecto sobre la confianza. Una factura es mucho más que un documento tributario ya que permite respaldar operaciones comerciales, registrar obligaciones y facilitar alternativas de financiamiento, como el factoring. Cuando se utilizan documentos falsos, las empresas legítimas pueden terminar enfrentando mayores exigencias y controles.
Por eso, resulta relevante que el SII esté fortaleciendo sus mecanismos de detección mediante herramientas tecnológicas, análisis de información y colaboración con distintos sectores económicos.
No obstante, mejorar la fiscalización también implica distinguir adecuadamente entre quienes buscan obtener ventajas indebidas y aquellos contribuyentes que desarrollan actividades legítimas. Los controles deben ser efectivos, pero también proporcionales y capaces de evitar restricciones injustificadas.
El desafío no consiste únicamente en detectar facturas falsas o recuperar impuestos. También debemos avanzar hacia un sistema que entregue mayor seguridad a las empresas, proteja la competencia y fortalezca la confianza en las operaciones comerciales.
Cuando una factura respalda una operación que nunca existió, el problema no es solamente tributario: también se pone en riesgo la confianza de quienes hacen negocios correctamente.
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