Si bien cada incautación que involucra el rescate de animales silvestres parece una victoria, lo es solo a medias. En la mayoría de los procedimientos animales mueren o terminan enfermos. Mantener el nivel de vigilancia que se requiere para detectar el tráfico de especies cuesta caro y depende de recursos que rara vez son suficientes para tener continuidad en el tiempo.
Existen herramientas internacionales, como la Convención sobre el Comercio de Especies Silvestres, a la que Chile adhiere, y agencias que trabajan en esto todos los días, como el SAG, SERNAPESCA y la Brigada de Delitos Ambientales de la PDI. Su labor importa. Pero ninguna fiscalización sustituye lo que realmente frena la demanda a largo plazo, que es que la gente entienda por qué un animal silvestre no debería vivir en una casa o en una oficina.
Se trata sin embargo de un fenómeno global y Chile no quedó al margen. Pero solo parte de lo que circula llega de afuera; otra parte, más difícil de rastrear, se cría de forma clandestina aquí mismo. En Santiago, Concepción y otras ciudades grandes sobra oferta irregular. En el mundo rural, el negocio se ve distinto, con tricahues, choroyes y cachañas capturados de sus nidos, arañas pollito sacadas de sus madrigueras, ranas chilenas atrapadas para terminar en un contenedor o en un terrario.
Detrás de cada uno de esos animales hay historias de daño que casi nunca se cuentan juntas. Los riesgos son muchos y van en distintas direcciones. La persona que lo compra puede terminar con salmonelosis, leptospirosis o algo peor, dependiendo de qué especie haya llevado a su casa. El animal, por muy sano que parezca al principio, casi siempre desarrolla enfermedades crónicas porque nadie logra replicarle en una casa o departamento las condiciones que necesita. Y la población de origen, la que quedó en el bosque o en el humedal, se reduce un poco más cada vez que alguien saca un ejemplar de ahí.
Es fácil entender la atracción. Un animal de colores intensos, poco común, con una historia detrás, genera curiosidad, y las redes sociales y el cine se han encargado de alimentar ese deseo. Los peces payaso son el ejemplo perfecto. Después de Buscando a Nemo, su demanda en acuarios domésticos se disparó. La mayoría hoy sale de criaderos certificados, lo que está bien, pero una parte sigue viniendo directamente del océano. Comprar solo en canales autorizados por el SAG o SERNAPESCA sigue siendo la única garantía real de que esa mascota no salió de donde no debía. Hacerlo solo si existe certeza de contar las condiciones para no infringir sufrimiento animal es imperativo.
Lo que casi no se ve es el tramo entre la captura y la venta. Ahí mueren más animales de los que llegan a venderse. Los que sobreviven y terminan decomisados suelen llegar a consulta con deshidratación severa, desnutrición, problemas metabólicos por falta de sol. Los ajolotes, comunes hace pocos años, hoy están cada vez más regulados por el daño que causó su comercio. Las chinchillas están protegidas por la Ley de Caza y no pueden tenerse sin certificado de origen, por la misma razón.
Por eso hablar únicamente de fiscalización es ser parcial. La fiscalización institucional no puede quedar sola. Denunciar, de forma anónima, por teléfono o en línea, ante el SAG o la PDI, sigue siendo la herramienta más simple y menos usada. Un solo aviso casi siempre destapa una red más grande, porque quien tiene un animal así rara vez actúa solo. Ese es el punto donde la sociedad civil puede hacer lo que ninguna fiscalización logra sola, que es cortar la cadena antes de que vuelva a empezar.
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