La niñez ocupa un espacio destacado en el debate público chileno. Lamentablemente, no siempre porque estemos protegiendo mejor sus derechos. Las discusiones sobre presupuestos, educación, salud y desarrollo social suelen presentar el bienestar de niños y niñas como una prioridad, pero las decisiones no siempre reflejan ese compromiso.
Los ajustes han afectado programas como Alimentación Escolar, Salud Mental Infantil, Chile Crece Contigo, Cuidado Alternativo, Apoyo al Recién Nacido, Comunidades Solidarias y Adopción. También han desaparecido iniciativas como “Yo elijo mi PC”, el Jardín Infantil Transitorio-Estacional, el Programa Nacional de Lectura y el Plan Nacional de Escritura.
En la discusión del Presupuesto 2027 se destacó un aumento del 7% en inversión en infancia. Pero ese porcentaje escondía un detalle. Según un informe de instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Defensoría de la Niñez y UNICEF, de las 197 asignaciones de gasto directo en niñez, solo un 32% aumentaba, un 16% se mantenía y un 52% disminuía. Ocho se reducían al 100%. Es decir, dejaban de existir.
Estas cifras no son únicamente un asunto contable. Cada programa representa una experiencia concreta: una comida en la escuela, un espacio de acompañamiento psicológico, una oportunidad de aprender o una red de apoyo para una familia. Discutir su continuidad exige evaluar resultados, prioridades y recursos disponibles. Pero también exige conocer qué ocurre cuando esas prestaciones dejan de estar al alcance de quienes las necesitan. Sin esa mirada, el debate corre el riesgo de quedarse en porcentajes que dicen mucho sobre el presupuesto y poco sobre la vida cotidiana de sus destinatarios.
En medio de estas discusiones escuchamos a políticos, académicos, rectores, economistas y gremios de la educación y de la protección de derechos. Todas son voces valiosas y necesarias. Todas, también, son voces adultas. La participación infantil no puede quedar reservada para ceremonias escolares o consultas simbólicas sin consecuencias reales.
La Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados: tienen derecho a participar y a que su opinión se tome en cuenta en todos los asuntos que los afectan, ya sea en la familia, la escuela, la salud, los tribunales o la vida ciudadana. En otras palabras, no basta con hablar de ellos, hay que hablar con ellos.
Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo los grandes ausentes. Basta buscar noticias sobre recortes presupuestarios y preguntarse cuántas incluyen la opinión de un niño sobre la alimentación escolar o la atención de salud mental que recibe. ¿Quién les pregunta cómo esas decisiones afectan su vida cotidiana?
La ministra Wulf afirmó alguna vez: “Cuando mejora la trayectoria de vida de un niño, a Chile le va mejor”. La frase suena bien, pero ¿quién define cuál es la mejor trayectoria para un niño? ¿Qué significa eso en su vida concreta? ¿Y qué queremos decir con que a Chile “le va mejor”?
Quizás el primer paso para garantizar sus derechos sea, simplemente, empezar a preguntárselo a ellos.
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