Chile llegó a un punto incómodo: el mismo Estado que durante años elevó la incertidumbre tributaria y regulatoria hoy intenta convencer a los inversionistas de que vuelvan a confiar. La propuesta de invariabilidad tributaria para megaproyectos presentada por el gobierno no sólo busca atraer inversión; constituye, en los hechos, un reconocimiento implícito de que el país perdió uno de sus principales activos económicos: la certeza. Y recuperar credibilidad es mucho más difícil que perderla.
La señal es reveladora. Si hoy se ofrece estabilidad tributaria excepcional para destrabar grandes proyectos, es porque el entorno general dejó de ser percibido como estable. Ningún inversionista exige privilegios para operar; exige reglas claras y predecibles.
La discusión de fondo no es ideológica; es económica. Los megaproyectos —mineros, energéticos o de infraestructura— requieren horizontes de recuperación de largo plazo. Cuando las reglas cambian constantemente, el costo del capital aumenta y la inversión migra hacia mercados más predecibles.
Lo preocupante es que la propuesta parece asumir que la estabilidad debe transformarse en un beneficio especial negociado caso a caso. Ese enfoque es equivocado. La estabilidad institucional no puede depender del tamaño del proyecto ni de la capacidad de negociación del inversionista; debe ser una característica estructural del sistema económico.
Mientras el gobierno ofrece invariabilidad tributaria para ciertos megaproyectos, miles de medianas empresas siguen enfrentando exactamente el escenario contrario: cambios permanentes, complejidad normativa creciente y ausencia total de certeza respecto de las reglas futuras. La señal termina siendo contradictoria.
Chile no necesita “regímenes especiales” para volver a crecer. Necesita volver a ser un país donde invertir no dependa de negociar estabilidad con el Estado.
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