En muchas ciudades latinoamericanas, basta con levantar la vista para encontrarse con una escena que se ha vuelto casi natural: una densa red de cables que cruza el cielo urbano, enredándose entre postes, fachadas y árboles. Son cables eléctricos, de telecomunicaciones, de internet y televisión. Conviven, se superponen, se abandonan. Y aunque forman parte esencial de nuestra vida cotidiana —sin ellos no habría conectividad ni servicios básicos— también constituyen una de las formas más evidentes de contaminación urbana.
Lo curioso es que, pese a su omnipresencia, rara vez se habla de ellos como un problema estructural. Se les percibe como una molestia estética, como “ruido visual”, pero no como un síntoma de algo más profundo: la forma desordenada en que se ha construido la infraestructura tecnológica en nuestras ciudades. En ese sentido, los cables no solo transportan energía o datos; también transportan historia, decisiones políticas y desigualdades.
La acumulación de cableado aéreo no es un accidente. Es el resultado de décadas de expansión urbana rápida, de privatización de servicios y de escasa coordinación entre actores. Cada empresa instala su red, muchas veces sobre la misma infraestructura —los postes— sin retirar lo que ya no sirve. Así, el espacio aéreo urbano se transforma en una especie de archivo material donde conviven tecnologías nuevas con restos de otras que fueron abandonadas.
El problema no es únicamente visual. Los cables en desuso representan riesgos concretos: pueden caer, generar fallas o interferir con otros sistemas. Pero incluso cuando no provocan accidentes, contribuyen a deteriorar la calidad del entorno urbano. Calles saturadas de cableado transmiten una sensación de abandono, de falta de cuidado, de improvisación permanente.
Y aquí aparece un punto clave: esta contaminación no se distribuye de manera equitativa. En barrios de altos ingresos o zonas turísticas, es cada vez más común la instalación de cableado subterráneo o, al menos, mejor organizado. En cambio, en sectores periféricos o con menor inversión pública, los cables se multiplican sin control. La diferencia es evidente. Mientras algunos paisajes urbanos se “limpian” para cumplir estándares estéticos y atraer inversión, otros quedan atrapados en una especie de saturación invisible que se normaliza.
Esto revela una dimensión incómoda: la infraestructura también expresa la desigualdad. No solo importa tener acceso a servicios, sino cómo esos servicios se materializan en el espacio. La calidad del entorno urbano —incluido su “orden visual”— es también una condición de la calidad de vida.
En Chile, este problema ha comenzado a recibir mayor atención. Algunas municipalidades han impulsado operativos para retirar cables en desuso, y se han discutido normativas para obligar a las empresas a hacerse cargo de su infraestructura. Sin embargo, la implementación ha sido lenta y fragmentada. Identificar a quién pertenece cada cable no siempre es sencillo, y la coordinación entre múltiples compañías sigue siendo un desafío, más cuando esas empresas ya están extintas.
Frente a esto, la solución más mencionada suele ser el soterramiento del cableado. La idea es simple: llevar los cables bajo tierra y despejar el espacio aéreo. Pero en la práctica, es una medida costosa y compleja, especialmente en ciudades donde la infraestructura ya está consolidada. Además, no resuelve por sí sola los problemas de gestión: si no hay coordinación, el desorden puede trasladarse simplemente de un lugar a otro.
Quizás el foco debería estar, más bien, en cómo se regula y administra esta infraestructura. Retirar cables en desuso, ordenar las instalaciones, establecer estándares comunes y fortalecer la fiscalización son medidas menos espectaculares, pero potencialmente más efectivas a mediano plazo. También implican un cambio cultural: dejar de asumir que el espacio público es un soporte ilimitado donde se puede seguir acumulando infraestructura sin consecuencias.
Porque, en el fondo, de eso se trata. Los cables nos obligan a pensar en el espacio urbano no solo como un lugar físico, sino como un entorno compartido que requiere cuidado. Lo que está en juego no es únicamente la estética de una calle, sino la forma en que convivimos con la tecnología.
En tiempos donde la conectividad es presentada como sinónimo de progreso, vale la pena preguntarse: ¿qué tipo de progreso estamos construyendo si viene acompañado de desorden, desigualdad y deterioro del entorno? Tal vez el problema no sean los cables en sí, sino la manera en que hemos decidido —o permitido— que ocupen nuestras ciudades.
Mirar hacia arriba, entonces, puede ser un buen punto de partida. No para resignarse a la maraña, sino para reconocer que ahí, suspendida sobre nuestras cabezas, hay una historia que todavía estamos a tiempo de ordenar.
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