Las vacunas han sido una de las intervenciones de salud pública más efectivas de la historia. Han evitado millones de muertes y permitido controlar enfermedades que causaban discapacidad y mortalidad infantil. Sin embargo, enfrentamos un riesgo que creíamos aprendido: que la desinformación vuelva a instalar dudas ante evidencia científica consistente.
La decisión del presidente Donald Trump de modificar el esquema de vacunación infantil en Estados Unidos y referencias a una supuesta relación entre vacunas y autismo no es inocua. Cuando mensajes sin respaldo científico provienen de autoridades, pueden erosionar la confianza en la vacunación.
La historia ya mostró sus consecuencias. En 1998, Andrew Wakefield publicó en The Lancet un estudio realizado en apenas 12 niños que instaló la sospecha de una asociación entre la vacuna triple viral y autismo. La investigación presentaba problemas y fue retractada en 2010.
Pero la retractación llegó tarde. La idea ya se había instalado en la opinión pública. Décadas de investigación no han demostrado una relación causal entre vacunas y autismo, pero el mito persiste. Las vacunas son evaluadas y vigiladas. Su seguridad se sustenta en evidencia acumulada en millones de personas. Si bien cuestionarlas es legítimo; ignorar deliberadamente esa evidencia es otra cosa.
En salud pública, la desinformación tiene consecuencias. Cuando disminuye la confianza, disminuyen las coberturas; y cuando disminuyen las coberturas, enfermedades como, por ejemplo, el sarampión encuentran espacio para circular.
La ciencia puede corregirse. La desinformación, en cambio, puede sobrevivir décadas. Ese es el riesgo que no debemos subestimar.
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