El desarrollo de una nación está íntimamente ligado a la relación entre la estructura de su Estado y el crecimiento de sus habitantes. En términos sencillos, el Estado depende de la población. Con cada periodo político y con cada nuevo censo, constatamos que la ciudadanía aumenta, por ende, las instituciones estatales deben evolucionar e ir a la par con esta realidad demográfica.
Sin embargo, en el caso de Chile, observamos que el Estado ha quedado progresivamente rezagado. Mientras en otros países la dimensión estatal se ajusta a sus niveles de riqueza o desarrollo institucional, a nivel local el Estado parece haberse vuelto insuficiente. La población ha superado la capacidad de respuesta estatal, lo que dificulta su desarrollo y compromete su solvencia para atender las necesidades públicas fundamentales.
Día a día, la ciudadanía recurre masivamente a los servicios e instituciones públicas —hospitales, policlínicos, colegios y redes de asistencia—. No obstante, nos enfrentamos a una estructura reducida que no logra dar abasto. Un Estado demasiado chico no solo es insuficiente, sino que resulta riesgoso, pues no brinda la solvencia ni la cobertura requeridas, afectando incluso a aquellas fuerzas e instituciones esenciales que lo sostienen y defienden.
Frente a este escenario, no se trata únicamente de debatir sobre el tamaño del Estado, sino sobre su calidad y capacidad de gestión. Ante la alta demanda social, se vuelve indispensable dotar a la institucionalidad pública de personas con mayor preparación y capacidad, garantizando así un servicio eficiente, solvente y a la altura de las exigencias del país.
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