Cuando durante el segundo gobierno de Michell Bachelet se aprobó la Ley 20.845 de inclusión educativa se planteó como un proyecto de no discriminación arbitraria que implicaba la integración de los establecimientos educacionales para "bajar a los niños de los patines", apuntando a la igualdad entre estudiantes tanto de colegios públicos municipales (hoy en proceso de traspaso a los nuevos SLEP) y particulares subvencionados, nadie imagino que una década después no solo se iba a mantener la brecha entre ambos sistemas, sino que al contrario esta se iba a acentuar.
Hoy a nivel país, los establecimientos particulares subvencionados reciben menos recursos del Estado en todos los aspectos posibles: por concepto de subvención por estudiante la cifra puede llegar a un 50 por ciento menos, si consideramos los innumerables aportes económicos del Estado que son exclusividad de los colegios municipales, como el FAEP (Fondo de Apoyo a la Educación Pública), financiamiento para proyectos de infraestructura, equipamiento y sueldos de profesores y otros funcionarios.
Pero, además, existe una marcada política discriminatoria en lo que se refiere a un apoyo directo y material hacia los niños de ambos sistemas por parte del Mineduc, nos referimos al programa TIC (Tecnología de la Información y las Comunicaciones) que se materializa a través de la entrega de PCs a los estudiantes de séptimo básico.
Si bien es cierto, el Mineduc señala que este año 2025 se van a entregar 124 mil 120 computadores, no transparenta cuántos de estos equipos van a quedar en manos de estudiantes de colegios públicos y cuántos lo harán en las de los chicos de establecimientos particulares subvencionados y la razón de esto parece simple, la distancia entre unos y otros es, por decirlo menos grosera.
Mientras en los establecimientos públicos el beneficio es universal para todos los niños de séptimo básico que no hayan sido beneficiados en programas anteriores, en los colegios particulares subvencionados la asignación es selectiva y focalizada a criterios de vulnerabilidad o necesidades especiales, quedando excluidos los estudiantes que no cumplen con los requisitos, frente a lo cual el porcentaje de cobertura es escandalosamente menor.
De muestra un botón: en la comuna de Quilpué en 2024 el programa favoreció a 617 alumnos, de los cuales 404 eran de colegios públicos lo que representa un 65 por ciento del total y los restantes 213 de colegios particulares subvencionados, con un 35 por ciento de los computadores. ¿Este dato no le parece tan dramático? Pero lo es, si a esta cifra le agregamos que los colegios subvencionados a nivel país cuentan con un 24 por ciento más de matrícula que los establecimientos públicos. Variando algunos puntos por comuna, los porcentajes antes mencionados se repetirán a nivel nacional en 2025, puesto que los criterios para entregar el beneficio son los mismos.
¿Puede imaginar un beneficio basado en una política más discriminatoria que esta? ¿Acaso los estudiantes no son todos iguales, ni merecen las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse académicamente? Volviendo a la Ley de Inclusión Educativa de Michelle Bachelet 20.845 podemos concluir que no todos los niños se bajaron de los patines.
Ojalá, algún día, nuestros niños reciban el mismo trato y oportunidades por parte del Gobierno de turno, porque hay que decirlo, han pasado gobiernos de todos los signos políticos y ninguno ha sido capaz de resolver esta tremenda discriminación carente de toda lógica y menos de un mínimo de justicia.
En definitiva, no todos los niños son iguales porque, derechamente, los municipales reciben muchos más recursos que los particulares subvencionados, en una acción que incluso pasa por sobre la constitución que en su texto sentencia que en Chile "todos somos iguales en deberes y derechos".
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